Facundo Jones Huala es referente de una de estas organizaciones que no reconocen nuestra bandera y que protagonizan un constante desafío a la institucionalidad de ambos países
La implicación del Gobierno argentino en la defensa de un referente mapuche condenado por hechos de violencia motivados en una lucha cuya finalidad es crear una “nación mapuche” sobre buena parte del territorio de Argentina y Chile es difícil de entender. Si consideramos que la Cancillería de un país y sus embajadores tienen como misión defender y promover en el mundo el interés nacional, lo sucedido en la audiencia de libertad condicional de Jones Huala en la Cámara de Apelaciones de Temuco amerita que “la Patria se lo demande” a funcionarios que juran cumplir la Constitución al asumir un cargo.
Los hechos son conocidos: el pasado 8 de octubre, el Gobierno argentino envió a su embajador en Chile, Rafael Bielsa, a la audiencia en la que se analizaba el pedido de libertad condicional de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) condenado a 9 años de prisión por el ataque incendiario contra una estancia habitada en el sur de Chile. La misión encomendada a Bielsa era abogar por la concesión de ese beneficio que finalmente no fue otorgado por el antecedente de una huida anterior y porque Jones Huala no reconoce el daño causado por sus acciones.
No se arrepiente ni desiste de sus desafíos contra los Estados argentino y chileno.
La presencia del embajador argentino en esa instancia -injustificada, porque la asistencia a ciudadanos argentinos en el exterior debe hacerse a nivel consular- implicó un aval a grupos que desafían al mismo Estado que ese diplomático debe representar.
“No reconocen la bandera, el himno, las autoridades”, dijo al respecto el senador Miguel Ángel Pichetto, en referencia a la RAM. “Hablan de un estado separado, separatista”, advirtió.
Lo que afirma el ex senador kirchnerista, hoy referente de Juntos por el Cambio, no es para nada secreto, sino una realidad que ningún gobierno argentino puede desconocer. Tampoco los respaldos internacionales que estas iniciativas separatistas poseen.
Mientras en el sur de nuestro continente organizaciones mapuches como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) le declaran la “guerra a Argentina y Chile”, y protagonizan actos de sabotaje, incendios y amenazas, la sede inglesa de estos grupos, basada en Bristol, Inglaterra, explica desde su sitio web que “the Mapuche Nation (sic) está situada en lo que se conoce como el Cono Sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada (sic) por los Estados argentino y chileno”.
“El día 11 de mayo de 1996, un grupo de mapuches y europeos comprometidos con el destino de los pueblos y naciones indígenas de las Américas, y en particular con el pueblo mapuche de Chile y Argentina, lanzaron la Mapuche International Link (MIL) en Bristol, United Kingdom”, explican las autoridades de esta organización; a saber: Atus Mariqueo-Russell (Relaciones Públicas), Carole Concha Bell (Prensa), Colette Linehan (administradora), Gerald Colfer (Soporte técnico), Pedro Arenas Rincón (equipo Derechos Humanos), entre otros. El mapuche Reynaldo Mariqueo es el secretario general, secundado por Dame-Nina Saleh Ahmed, vice secretaria general.
El objetivo de esta organización es contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas y, “en última instancia, conquistar el derecho a la autodeterminación”.
Es decir que uno de los centros de operaciones de la “lucha por la autodeterminación” de los mapuches está ubicado en el nº 6 de Lodge Street, de Bristol, Inglaterra.
Según esta organización, la “Nación Mapuche” abarca todo lo que está al sur del Bío-bío (Chile) y al sur del Salado y del Colorado (Argentina), “hasta el estrecho de Magallanes”, ni más ni menos.
En el sitio se afirma que “el pueblo mapuche” jamás ha renunciado “a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral”, y proliferan las denuncias de “invasión”, “genocidio”, “represión” y “espionaje” por parte de los Estados de Chile y Argentina.
Una de las entradas sostiene por ejemplo que “el pueblo mapuche enfrenta políticas genocidas implementadas por los Estados de Argentina y Chile” y que es “estigmatizado y acusado de extranjero en su propia tierra”. “Sus líderes son perseguidos, detenidos, intimidados y torturados. Otros son asesinados o desaparecidos”, afirma The Mapuche web.
Esta es la iniciativa separatista que el gobierno argentino acaba de avalar a través del alegato defensivo pronunciado por su embajador ante la justicia chilena. Un posicionamiento que tiene lugar además en momentos en que también el Estado chileno vive un desafío abierto por parte de estos grupos que, como explicó el abogado Carlos Tenorio, representante de una familia de agricultores asesinados en Chile, no canalizan su reclamo a través de las vías jurídico institucionales sino mediante la acción directa.
“Estamos pasando por el período más complejo desde que trabajo en esto hace dos décadas. Un descontrol total que va de la mano con el clima político”, afirmó el letrado chileno, en declaraciones a Radio Mitre, y en referencia a los resultados de las elecciones constituyentes que arrojaron un retroceso de los partidos tradicionales en la Asamblea que debe elaborar una nueva Carta Magna para Chile. “La semana pasada participé como expositor en la convención constituyente -dijo Tenorio-. Si dejamos en la impunidad todos estos crímenes es muy poco probable que logremos la paz social”.
El abogado diferenció entre las “peticiones de comunidades indígenas” que se hacen “por vía institucional” y “otros grupos que hoy en día están armados y que han declarado un estado de guerra contra el estado chileno”.
“Anoche hubo tres o cuatro atentados gravísimos en Araucanía. Estos grupos califican como vulneradores de derechos esenciales”, sentenció.
El caso que él representa tuvo lugar en enero de 2013 en un campo de 40 hectáreas del sur de Chile perteneciente a un matrimonio de apellido Luchsinger. Se trató de un ataque por una banda de 40 encapuchados. El señor Luchsinger se defendió con un arma y sus atacantes prendieron fuego a la casa. “Ellos murieron por carbonización”, dijo Tenorio que calificó el hecho como “probablemente el caso más espantoso que se ha vivido desde el punto de vista de crímenes políticos”, después de la dictadura.
El apoyo del gobierno argentino a Facundo Jones Huala configura un aval a la violencia, a los ataques a la propiedad privada y a las personas, que tienen lugar tanto en el sur de Chile como de Argentina y que tienen como fin último el secesionismo. Recordemos que el referente de la RAM está condenado por el incendio de una propiedad en el campo Pisu Pisue, cercano a Valdivia, en el año 2013.
El citado auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, destaca que esta iniciativa del embajador Bielsa no pudo tener lugar “sin una orden política”. “Es la cancillería de Cafiero, y la visión ideológica del Gobierno, que viene tolerando las ocupaciones ilegales de tierra, actos de violencia, quemas, incendios, y actos terroristas”, dijo en declaraciones a Radio La Red.
Y también en su advertencia de que esta actitud del Gobierno incentivará estos actos y que una eventual liberación y regreso al país de Jones Huala agigantaría “los problemas que hoy ocurren” en la Patagonia.
También se pronunció el ex senador Federico Pinedo: “No entiendo que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial”.
En efecto, es inentendible esta conducta por parte de quienes representan -o deben representar- al Estado argentino y en cambio defienden a quien lo ataca. ¿Con qué autoridad podrían luego cuestionar las veleidades separatistas de algunas provincias argentinas o la relativización de nuestros derechos sobre Malvinas, despropósitos expresados por diferentes referentes públicos en los últimos tiempos?
¿Cómo es posible que desde el mismo Estado se minimice, se tolere -se bendiga incluso- el desafío a la autoridad nacional y a la integridad territorial? No puede hacerse respetar por los demás quien no se respeta a sí mismo.
De nada sirve crear observatorios, comisiones o secretarías en defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur si al mismo tiempo se deja hacer a estos grupos. Salvo que lo primero sea sólo sobreactuación para disimular a declinación de la voluntad de encarnar los intereses del país de cara al mundo.
